Hace un año, el 28 de noviembre del 2024, el Senado aprobó en lo general la reforma para eliminar siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y hoy el país sigue enfrentando las consecuencias de una decisión que no sólo transformó la estructura institucional, sino también la relación entre ciudadanía y poder.
El discurso oficial la presentó como una “simplificación orgánica”, un reordenamiento para hacer más eficiente al Estado.
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