La figura de seguridad nacional se ha convertido en una herramienta para blindar información pública. Y cada vez que se usa de manera injustificada, se erosiona el derecho a saber qué hace el gobierno.
Hace unos días supimos que la Semarnat clasificó como reservada la información sobre las afectaciones en cenotes y cuevas relacionadas con el Tren Maya, bajo el argumento de “seguridad nacional”. La noticia no sorprende pues forma parte de una tendencia que en los últimos años ha intentado justificar el ocultamiento de información pública mediante un concepto que, usado con ligereza, termina debilitando el derecho a saber.
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