Solicitud:
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) cierta información sobre un inmueble utilizado por éste, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ubicado específicamente en la carretera a Villaflores sin número, de la Colonia Lomas del Venado.
En específico, quiso conocer:
- el importe de la renta mensual;
- el plazo por el cual se arrendó el inmueble;
- las instalaciones con las que cuenta y su superficie;
- las funciones que se realizan en dichas oficinas y la cantidad de personal que labora en el mismo.
Respuesta:
En respuesta, el Instituto Nacional de Migración, a través de la Dirección General de Administración, informó haber realizado una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros, sin localizar instrumento alguno en el que se identifique el domicilio referido en la solicitud, por lo que no tiene expresión documental que dé cuenta de lo solicitado.
Recurso de revisión:
La persona, ahora recurrente, interpuso su queja ante el INAI manifestando como agravio la inexistencia de la información.
Alegatos:
En los alegatos, el Instituto Nacional de Migración reiteró su respuesta inicial y defendió la legalidad de la misma. También proporcionó el domicilio de la Oficina de Representación del INM en el estado de Chiapas, donde indicó a la persona recurrente que ahí podrían atenderle.
Análisis del caso:
Del análisis realizado por mi Ponencia, en particular por Hugo Montero, se advirtió que el agravio de la persona recurrente es FUNDADO.
- Si bien el Instituto Nacional de Migración turnó la solicitud a una de las unidades administrativas competentes (como lo es la Dirección General de Administración), fue omiso en turnar el requerimiento a la totalidad de las áreas con las que cuenta y que podrían conocer lo solicitado. Por ejemplo, está la Oficina de Representación en Chiapas, misma que por circunscripción territorial puede conocer de lo requerido.
- Por otra parte, esta Ponencia realizó una búsqueda de información pública en el inventario de bienes inmuebles de la autoridad, el cual se encuentra cargado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí se encontraron indicios de la existencia de un bien inmueble que podría ser el referido en la solicitud, por hallarse coincidencias en el domicilio.
- Por estas razones, no es posible validar la búsqueda realizada por la Dirección General de Administración del Instituto Nacional de Migración.
Propuesta de resolución:
Por lo anterior, se propone REVOCAR la respuesta del Instituto Nacional de Migración.
De esta manera, se propone instruir a esta autoridad para que realice la búsqueda exhaustiva y razonable en todas las unidades administrativas competentes sobre el importe de la renta mensual, plazo por el cual se arrendó, quién es el arrendador, con qué instalaciones cuenta, cuál es la superficie, funciones que ahí se realizan y cantidad de personal que labora en el inmueble localizado en Carretera a Villaflores sin número, en la colonia Lomas del Venado de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y proporcione esta información a la persona recurrente.
Mensaje:
Decidí exponer este recurso en el Pleno del INAI por el momento migratorio que atraviesa nuestra región y nuestro país. En esta coyuntura, la transparencia y la rendición de cuentas pueden contribuir a proteger a las y los migrantes y también a garantizar gobernabilidad en el territorio nacional.
En distintos medios de comunicación se afirma la existencia de conflictos y tensiones entre vecinos y migrantes por asentamientos que mantienen estos últimos en calles aledañas a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en colonias ubicadas al sureste de Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca[1].
Este sólo es un caso de muchos que se replican en distintas colonias y barrios en México donde la crisis humanitaria migratoria es evidente. Por ello, la sociedad tiene derecho a conocer los contratos, el personal y las acciones que toma la autoridad encargada en la materia, el Instituto Nacional de Migración, tanto para impulsar políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las y los migrantes, como mantener ciertas condiciones de movilidad para la población residente.
Si queremos evitar que se repitan tragedias como la del 27 de marzo de 2023 —cuando fallecieron 39 migrantes en un incendio en una instalación del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua—, las autoridades deben comprometerse con la transparencia. Porque sólo conociendo las instalaciones es que podemos tener un ojo puesto con la rendición de cuentas.
El periodo político que atravesamos revela la necesidad de políticas migratorias transnacionales fundamentadas en los derechos humanos, cuestión urgente para la región al menos desde hace dos décadas. Si bien la migración implica un serio reto para la gobernabilidad democrática, también es una oportunidad para que los Estados garanticen el bienestar de las personas sin importar sus nacionalidades. Para este objetivo es vital el derecho de acceso a la información[2]. Por ejemplo, será clave que se conozca la información que se vaya generando de las reuniones sostenidas entre nuestras autoridades y sus homólogos de Estados Unidos en los próximos meses.
Este recurso que expongo representa una continuidad en el INAI por impulsar la máxima publicidad en temas migratorios. Por ejemplo, en el año 2021, en el contexto de la pandemia por coronavirus, instruimos al Instituto Nacional de Migración a entregar información estadística sobre personas repatriadas o expulsadas por Estados Unidos bajo el llamado Título 42. En 2023, también pedimos a esta institución que informara sobre gastos de las estaciones migratorias; e instruimos a que la Guardia Nacional informará sobre deportaciones. Como lo mencioné en aquellos momentos, no se trata de datos sino de nombres y apellidos que tienen derecho a una vida digna y estable[3].
El Instituto Nacional de Migración (y otras instituciones) tendrán un papel fundamental para que el tema migratorio encuentre soluciones que respeten en todo momento la integridad y garantía de las personas. Por ello, cuando se dé el relevo oficial de su titular, debe contemplar la transparencia total y una comunicación clara con la sociedad en la toma de decisiones. Hace falta el ajuste y la sensibilidad pues el INM ha sido uno de los sujetos obligados que más niega información, y el asunto es de utilidad social.
Un vistazo a la Plataforma Nacional de Transparencia nos permite identificar el interés social por conocer información migratoria. Periodistas, asociaciones civiles, académicos e incluidas las y los migrantes han ingresado 34 mil 285 solicitudes de información a las autoridades (de todos los niveles) en nuestro país bajo la palabra “migración”.
A pesar de los cambios institucionales que estamos por vivir en México —como la extinción del INAI y de los organismos locales de transparencia—, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no desaparecen, está en la Constitución (artículos 6º y 16º); es obligación de las autoridades garantizarlos. Precisamente, ello implica que se debe entregar a la sociedad la información requerida sobre asuntos migratorios, contemplando el nuevo marco legislativo que en su momento se publique.
El fenómeno migratorio debe motivarnos a exigir rendición de cuentas a las autoridades. Juntos, sociedad y gobierno, podemos mejorar las políticas públicas en materia migratoria para ofrecer mejores condiciones y respetar los derechos humanos.
[1] https://oem.com.mx/elheraldodechiapas/local/migrantes-llenan-calles-en-tuxtla-18478520 y https://oem.com.mx/elheraldodechiapas/local/focos-rojos-por-migrantes-en-colonias-13186258
[2] https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/1/20/el-fenomeno-de-la-migracion-que-nos-depara-partir-de-hoy-669686.html
[3] https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2025/1/20/el-fenomeno-de-la-migracion-que-nos-depara-partir-de-hoy-669686.html