Oficina de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas
RRA 21136/22 vs Oficina de la Presidencia de la República respecto al expediente completo en versión pública entregado por la Vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica al Presidente de la República.
Solicitud
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República, en adelante llamado sujeto obligado, el expediente completo en versión pública entregado por la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica al presidente mexicano, mismo que fue informado en la conferencia de prensa matutina del 24 de mayo de 2021.
Respuesta
En respuesta, a través de la Coordinación General de Política y Gobierno, la Coordinación de Asesores del Presidente y la Secretaría Particular del Presidente, el sujeto obligado informó que, derivado de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en sus archivos, no se localizó evidencia documental que atienda el requerimiento.
Asimismo, indicó que posiblemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos pudiera contar con la información solicitada, por lo que orientó a la persona solicitante a formular el requerimiento ante dicho sujeto obligado.
Recurso de revisión
El solicitante interpuso un recurso de revisión para impugnar la respuesta y señaló como agravio la declaración de inexistencia.
Alegatos
En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.
Análisis del caso
Desde mi Ponencia advertimos que no es posible validar la búsqueda efectuada por el sujeto obligado, ya que de la revisión a la versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente de la República, correspondiente al 24 de mayo de 2021, se documenta que el Jefe del Ejecutivo aseguró que se recibió un expediente que tenían las autoridades de Estados Unidos relacionado con el caso Ayotzinapa. Además de que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud de información a la totalidad de sus unidades administrativas competentes.
Además, durante el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, llevado a cabo desde Palacio Nacional el 18 de agosto de 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y titular de la Comisión Presidencial Para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, destacó que el Presidente solicitó a la vicepresidenta de Estados Unidos las intervenciones telefónicas que se realizaron en ese país al grupo delictivo relacionado con el caso en sus prácticas ilícitas en Chicago.
Bajo ese tenor, toda vez que no se tiene certeza del criterio de búsqueda implementado por el sujeto obligado, se concluye que el agravio en estudio es FUNDADO.
Finalmente, resulta relevante que el sujeto obligado agote el procedimiento de búsqueda a efecto de localizar la información requerida, misma que se encuentra relacionada con un tema que ha tenido un impacto a nivel nacional e internacional, es decir, la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014, y que podría abonar al acceso a la verdad y justicia para las familias de las víctimas.
Propuesta de resolución
Por lo anterior, se propone revocar la respuesta e instruir al sujeto obligado a efecto de que turne de nueva cuenta la solicitud a la Coordinación General de Política y Gobierno, a la Coordinación de Asesores del Presidente, a la Secretaría Particular del Presidente y, por primera vez, a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia para que realicen la búsqueda sobre la expresión documental que dé cuenta del expediente entregado por la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica al presidente de la República, hecho que fue informado el 24 de mayo de 2021, durante la conferencia mañanera, y sea proporcionada a la persona recurrente.
Mensaje
Elegí exponer ante este Pleno un recurso más relacionado con la desaparición de un grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, porque el tema debe mantenerse en la esfera pública hasta que exista una verdadera justicia para las víctimas y sus familiares.
El caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes desaparecieron en Iguala, Guerrero la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014, es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves de derechos humanos que ha sufrido nuestro país. Por esta razón, en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), impulsamos siempre el principio de máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño.
El derecho de acceso a la información pública ha sido clave para que la población en general conozca cada vez más pormenores del caso y construir para que este tipo de situaciones no se repitan, una condición que debe cumplir el Estado en su conjunto. Por ello, el INAI impulsó, junto con asociaciones civiles, la creación del micrositio “Memoria y Verdad” para facilitar el acceso a la información a toda la sociedad interesada en temas de violaciones graves a derechos humanos, como el tema de este recurso.
Y es que la sociedad muestra un interés genuino en conocer información del caso. Al utilizar el buscador general de la Plataforma Nacional de Transparencia y utilizar el término “Ayotzinapa 2014”, encontramos 420 registros, de los cuales 89 corresponden a información pública, 326 a solicitudes de información y 5 a quejas de respuesta. En cuanto a las solicitudes, la Fiscalía General de la República (132), la Secretaría de la Defensa Nacional (22) y la Secretaría de Gobernación concentran el mayor número (21).
En las actualizaciones del caso, el 18 de agosto de 2022, la Secretaría de Gobernación presentó el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Los resultados confirman a este caso como un crimen de Estado que involucra a funcionarios del más alto nivel e integrantes de una célula delictiva que operaba en la entidad, además de la participación de la policía de Iguala en el aseguramiento del autobús en el que viajaban los estudiantes y su posterior desaparición. El informe concluye que, lamentablemente, no hay indicio alguno que demuestre que los estudiantes se encuentran con vida; por lo contrario, los testimonios y evidencias acreditan que fueron asesinados y desaparecidos. Parafraseando al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, debemos honrar el compromiso de decir la verdad, por más dolorosa que esta sea.
Derivado de las diversas investigaciones realizadas por las instancias correspondientes, en agosto de 2022 fue detenido uno de los ex procuradores generales de la República, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso “Ayotzinapa”. El arresto ocurrió un día después de que la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa presentara su informe más reciente.
En materia de acceso a la información pública, el caso Ayotzinapa es el primero en que el pleno del INAI ejerció su facultad para determinar el interés público de la información y, para efectos del acceso a la información, ordenar la publicidad de aquella relacionada con violaciones graves a derechos humanos, facultad que ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La información ha permitido conocer sobre las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República, sobre los hechos y probables responsables.
Como lo dijo mi paisano, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la apertura de la versión pública de la averiguación previa del caso Ayotzinapa, en noviembre de 2014, fue una de las decisiones “más valientes y poderosas” que ha tomado el INAI.
Quienes integramos el Pleno de este Instituto hemos impulsado la apertura de toda la información relacionada con este caso, por ejemplo, el año pasado (agosto 2022) expuse ante mis compañeros el recurso RRA 14262/21, que ordena la entrega de la versión pública de los mismos documentos que son requeridos ahora, aunque en aquel entonces la solicitud fue formulada a la Fiscalía General de la República; después de dar seguimiento a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades del INAI, la Fiscalía declaró la formal inexistencia de la información, por lo que ahora en este recurso, se instruirá a la Oficina de la Presidencia a entregar la información.
Desde el INAI hacemos un llamado a la Oficina de la Presidencia de la República para que realice una nueva búsqueda de la información, de carácter exhaustivo y con criterio amplio, para posteriormente entregarla al particular no solo por el enorme interés social para conocer cualquier acción por parte de las autoridades que permita esclarecer los hechos de manera puntual, sino también para demostrar si, en efecto, el combate a las malas prácticas de las autoridades en los procesos de investigación es un compromiso real. En ambos casos, la transparencia es la mejor estrategia.