La vigilancia sobre programas sociales, obras públicas y el ejercicio del presupuesto es una forma legítima de contraloría social que fortalece la democracia y previene abusos.
Cada proceso electoral pone a prueba no sólo a los partidos políticos, sino a las instituciones y a quienes administran recursos públicos. De cara al inicio del proceso electoral de 2026, el uso responsable del dinero público vuelve a colocarse en el centro del debate nacional, porque no se trata de una recomendación ética, sino de una obligación constitucional.
