Durante la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada recientemente, la organización lanzó una seria advertencia: en México, el acoso judicial se ha consolidado como un mecanismo de censura empleado por figuras del poder político para inhibir la crítica periodística.
Según el informe presentado, se ha detectado un uso sistemático y creciente de herramientas legales (como demandas por daño moral y la figura de violencia política de género) para presionar y silenciar a periodistas y medios de comunicación que investigan o cuestionan al poder.
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