Lo que no puede hacerse es negar por completo el acceso a la información, pues el derecho a saber es también el derecho a vigilar el ejercicio del poder.
La rendición de cuentas no es una opción, es una obligación del servicio público. En este contexto, el acceso a la información sobre los procesos de entrega-recepción en las instituciones gubernamentales constituye un eje fundamental para garantizar la transparencia, prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.
Sobre esto mi comentario hoy en El Heraldo.
