Este 2025, se aprobaron reformas que fortalecen las capacidades de vigilancia del Estado mexicano mediante la creación de una Plataforma Única de Identidad, el uso obligatorio de una CURP biométrica y la interconexión de bases de datos sensibles bajo un sistema centralizado de inteligencia.
La justificación oficial ha sido la seguridad y la eficiencia administrativa; sin embargo, la magnitud de estas medidas plantea cuestionamientos serios sobre su impacto en derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
No se trata de oponerse a la modernización tecnológica del Estado, sino de exigir que ésta se diseñe e implemente con las medidas necesarias.
Sobre esto escribo en el Sol del Centro.
