Los funcionarios públicos, por su propia naturaleza y por el cargo que ocupan, están bajo escrutinio. La crítica (cuando es verídica, razonada y de interés social) no debería incomodarlos: es parte de su responsabilidad pública.
La publicación en el Diario Oficial de la Federación de la nueva ley para combatir la extorsión representa, en principio, un avance necesario frente a uno de los delitos que más lastiman al país. La extorsión no se detiene y afecta a comercios, familias, periodistas, activistas y prácticamente a cualquiera que sea vulnerable ante grupos criminales, un fenómeno que se ha vuelto especialmente alarmante.
Te platico más en mi colaboración en la Revista Proceso.
