El Congreso de la Unión tenía la oportunidad de discutir con profundidad y responsabilidad. Sin embargo, la ley fue aprobada con prisa, sin incorporar salvaguardas ciudadanas ni garantías de transparencia.
La nueva ley concentra la inteligencia civil y militar bajo una sola estructura coordinada por el CNI. No obstante, carece de mecanismos claros de rendición de cuentas, supervisión civil o control judicial sobre el uso de la información personal.
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