Por un lado o por otro, comienza a percibirse algo que debería preocuparnos a todas y todos: cada iniciativa, reglamento, acuerdo o propuesta que busca regular las redes sociales, las plataformas digitales o los contenidos que circulan en internet parece traer consigo una inquietud de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende poner límites a lo que decimos, publicamos, compartimos o criticamos?
