Ahora existen indicios y versiones de que identidades de funcionarios públicos están siendo suplantadas para realizar actos administrativos y jurídicos en su nombre.
Durante años, hemos alertado sobre los riesgos del robo de identidad en perjuicio de ciudadanos comunes. Ha sido parte de nuestras funciones como especialistas en el tema, por carrera y profesión. Hemos conocido y resuelto denuncias al respecto, y hemos sido testigos de cómo personas pierden su patrimonio, su historial crediticio e incluso su reputación, por actos cometidos suplantando su identidad.
Pero hoy estamos ante algo aún más delicado: el robo de identidad de jueces y servidores públicos.
Sobre esto escribo hoy en El Heraldo.
