El “Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023”, hecho por el World Justice Project (WJP), confirma que nuestro país enfrenta diversos retos que impiden consolidar plenamente la garantía efectiva de los derechos humanos pues –en una escala del 0 al 1 donde 1 es la máxima adhesión al Estado de derecho– obtuvo una calificación promedio de 0.42[1]. La situación que atraviesa el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se enmarca en este contexto, pues están en riesgo dos derechos fundamentales y, con ello, nuestra democracia.
