Solicitud:
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al Consejo de la Judicatura Federal una lista con los jueces y magistrados que han sido sancionados entre los años 2021 y 2023.
De igual forma, pidió que se incluyan las sanciones derivadas de faltas graves como aquellas por faltas no graves.
El solicitante señaló que algunos ejemplos de estas faltas son: el apercibimiento público y privado; la amonestación pública y privada; la suspensión; destitución; inhabilitación y las sanciones económicas.
Además, solicitó que se incluyan en la respuesta los siguientes datos:
- El número de expediente del procedimiento disciplinario sancionador;
- La fecha de resolución;
- La sanción impuesta (indicar el monto de ser el caso);
- El órgano disciplinario que resolvió;
- El nombre del juez o magistrado;
- El órgano jurisdiccional al que estaba adscrito el servidor público;
- La causa de la sanción;
- El hipervínculo de la sanción.
Este último punto lo solicita debido a que en la Plataforma Nacional de Transparencia solo aparecen las sanciones derivadas por faltas graves.
Respuesta:
El Consejo de la Judicatura Federal, a través de su Secretaría Ejecutiva de Disciplina, respondió que es la Contraloría del Consejo de la Judicatura Federal el área responsable del registro de servidores públicos sancionados.
Adicionalmente, el sujeto obligado compartió las ligas electrónicas generales de la PNT y su portal de internet, los informes anuales de labores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo, así como los datos de contacto de personal del Consejo para atender sus dudas.
Recurso de revisión:
La persona, ahora recurrente, interpuso un recurso de revisión argumentando que no se le entregó la información completa.
Mencionó como acto reclamado que la información sobre “faltas no graves” no aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en las ligas electrónicas que le proporcionaron. Y destaca que la información relativa a sanciones debe ser información pública de oficio.
Es así, que no se inconformó con el contenido de la página del Consejo de la Judicatura Federal ni por la información entregada por sanciones graves a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que se entienden como actos consentidos y no entró al estudio de fondo de los mismos.
Análisis del caso:
Del análisis realizado por mi Ponencia, en particular por la abogada Tania Bautista, se advirtió que el agravio de la persona recurrente es FUNDADO.
Así se determinó pues el Consejo de la Judicatura Federal no turnó la solicitud a todas sus unidades administrativas que pudieran tener la información solicitada. Adicionalmente, no hubo respuesta o pronunciamiento respecto a las faltas no graves.
Propuesta de resolución:
Por todo lo anterior, se propone MODIFICAR la respuesta brindada por el Consejo de la Judicatura Federal para que realice una nueva búsqueda bajo los criterios de amplitud, congruencia y exhaustividad.
Esta búsqueda debe incluir a su Comisión de Disciplina y la Contraloría del sujeto obligado, áreas que deberán entregar el registro de las sanciones por responsabilidades administrativas no graves cometidas por jueces y magistrados, en un periodo que va del 2021 al 2023, con el nivel de detalle requerido.
Mensaje:
El proyecto que presento públicamente en este Pleno lo seleccioné para resaltar que desde el INAI hacemos cumplir los derechos de acceso a la información y privacidad por parte de cualquier sujeto obligado de los tres Poderes de la Unión. Recordemos que este Instituto es un órgano autónomo cuyas resoluciones son vinculatorias e inatacables para las autoridades, es decir, los sujetos obligados.
Este proyecto dirigido al Consejo de la Judicatura Federal toma relevancia en un momento álgido en el contexto actual que vivimos. El debate público que se está dando en nuestro país por parte de actores políticos, profesionistas, sociedad y académicos, se ha centrado en construir un esquema diferente al actual con el que funciona el Poder Judicial.
Es preferible transparentar esta información y así tener los insumos necesarios para el debate que se está realizando en torno a las propuestas de Reforma al Poder Judicial. Vale la pena aclarar que el INAI no posee la información del gobierno, pues sólo es el árbitro entre la ciudadanía y los sujetos obligados, para deliberar con total imparcialidad si se entrega la información.
Nuestra institución se encarga de garantizar que las personas tengan una respuesta a sus preguntas legítimas de la sociedad. Nosotros no escogemos la información ni la filtramos. Por eso, nuestro papel es que el Consejo de la Judicatura Federal brinde una respuesta completa a la persona recurrente sobre los jueces y magistrados sancionados en años recientes.
El sujeto obligado en cuestión tiene a su cargo la administración, la vigilancia y el seguimiento de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Por ello, el establecimiento de controles y sanciones se vuelve tan relevante. Acorde a medios de información, en los últimos cinco años se han sancionado a 27 magistrados y 26 jueces por diversas causas.[1] Algunas de ellas han sido nepotismo, la falta de pruebas sobre sus ingresos, o acoso laboral y sexual.
También destacan que del año 2020 al 2023, el Consejo emitió poco más de 160 sanciones a servidores públicos en general pertenecientes al Poder Judicial de la Federación.[2] De estos casos, 53 corresponden a inhabilitaciones hasta por 10 años.
Gracias a solicitudes de información dirigidas al Consejo de la Judicatura Federal que en su momento han sido atendidas, se conoce que en 2020 hubo 67 sanciones a servidores en el Poder Judicial; en 2021 hubo 71; en 2022, 11; y en 2023, 14. Hay información que se ha compartido anteriormente. Pero ante la investigación periodística que se ha generado, el sujeto obligado se muestra renuente a entregar un desglose pormenorizado.
Es importante dejar claro que, ante estos casos, el Consejo de la Judicatura Federal tiene la autoridad para investigar y sancionar a jueces y magistrados federales. Inicialmente, la Comisión de Disciplina se encarga de analizar conductas fuera de los lineamientos, pero en una segunda instancia el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se ocupa de las faltas graves. Especialmente estos asuntos llegan a su ámbito de competencia cuando las sanciones implican destitución o inhabilitación temporal para desempeñar funciones en el servicio público.
Y este ha sido un tema recurrente en la iniciativa de Reforma Judicial que se encuentra en desarrollo. Pues se busca crear el Tribunal de Disciplina Judicial, que estaría compuesto por cinco magistrados electos por voto popular. Bajo el entendido de que los casos de abuso de poder son comunes y las sanciones muy contadas.
En este Pleno, insisto, no juzgamos posturas políticas ni nos inclinamos por propuestas. Nuestra labor es hacer cumplir los derechos otorgados por la Constitución y bajo estos principios es que se deberá modificar la respuesta otorgada para hacer una verdadera búsqueda de la información que ayude a tener claridad sobre los casos de sanciones en el Poder Judicial.
Sigamos impulsando la rendición de cuentas teniendo como aliado al derecho de acceso a la información.
[1] https://www.sinembargo.mx/06-07-2024/4520585
[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inhabilitan-a-108-funcionarios-dentro-del-poder-judicial/
