Solicitud:
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos copias de los vídeos e imágenes captadas durante la visita que realizó el sujeto obligado en compañía del Gobierno de la Ciudad de México a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México.
Es importante resaltar que la persona solicitante pidió que la información se le entregara a través del portal digital (PNT).
En respuesta, el sujeto obligado reservó la información por un periodo de 3 años, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia.
Recurso de revisión:
La persona solicitante (hoy recurrente) se inconformó por la clasificación invocada a la información.
Análisis del caso:
En la Ponencia a mi cargo analizamos este caso, en específico, la proyectista Jessica Lizeth Vargas Ramírez. Advirtiendo que en su respuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó que la información obra en el expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG que, si bien derivó la emisión de la recomendación 98VG/2023, mediante acuerdo de 18 de abril de 2023, se ordenó su reapertura para continuar con su integración, por lo que a la fecha se encuentra en trámite y en razón de ello es que la información reviste el carácter de reservada.
Sin embargo, el sujeto obligado no brindó mayores elementos para acreditar la reserva invocada, es decir, no indicó ni acreditó cuál es el procedimiento que se encuentra en trámite, así como tampoco expresó la etapa en la que se encuentra; por lo que en ese sentido, se advierte que no se cumplen los primeros dos requisitos para acreditar la reserva de la información, máxime que en el caso concreto ya se emitió una recomendación derivada del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG.
En otras palabras, el sujeto obligado ya realizó un pronunciamiento público que expresa el resultado final de la investigación, en el que se expresa la veracidad y existencia de conductas documentadas consideradas como violatorias de Derechos Humanos.
Esto es central en el análisis del caso pues, si bien la CNDH informó que la investigación fue reabierta, no debe perderse de vista que, en el caso concreto se busca acceder a vídeos e imágenes, mismos que, aunque la investigación continúe, no pueden ser modificados; es decir, se trata de expresiones documentales que se encuentran firmes y, en consecuencia, este Instituto considera que el brindar acceso a dichos vídeos e imágenes no pone en riesgo la conducción de ninguna investigación al tratarse de evidencia documental que por su naturaleza no será modificada dentro de la investigación de que se trate.
Además, el pasado 22 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que derivado de las investigaciones realizadas dentro del expediente que contiene la información de interés; se encuentra realizando las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolución derivada del expediente de queja; situación que no sólo abona al hecho de considerar que el expediente se encuentra concluido, sino que además contribuye a la transparencia y rendición de cuentas de las diversas autoridades involucradas.
Después de haber realizado el estudio correspondiente, la Ponencia a mi cargo determinó que el agravio por la reserva de la información resulta FUNDADO.
Propuesta de resolución:
Por estas razones, propongo REVOCAR la respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de que, proporcione las copias de los vídeos e imágenes captadas durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México.
Mensaje:
El próximo 10 de diciembre, el mundo conmemora un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos. En el contexto actual que atraviesa la humanidad, en el que la escalada de violencia en la franja de Gaza ha dejado más de 5 mil personas muertas y más de 1.7 millones de personas desplazadas, es una oportunidad obligada para reflexionar ¿qué hemos hecho como naciones para garantizar el respeto a los derechos humanos de todas y de todos?
Uno de ellos es el Derecho a la Verdad, reconocido en la legislación internacional, es uno de los pilares fundamentales para combatir la impunidad y es también un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios. En esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales estamos completamente de acuerdo.
Es por ello, que esta gran Institución (a la que tengo el alto honor de pertenecer) ha apostado sistemáticamente por una política que considera que la garantía del derecho a saber es indispensable para dar pasos firmes en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Esto no es un tema menor, sobre todo en una nación como la nuestra en la que más de 290 mil personas han sido reportadas como desaparecidas entre 1962, en los albores de la llamada “Guerra Sucia”, y principios de agosto de este año.
Durante la “Guerra Sucia”, donde el estado impulsó una serie de medidas severas de represión para disolver cualquier disidencia, proliferaron las cárceles clandestinas. Gracias a historiadores y periodistas, el tema ha sido ampliamente documentado y conocemos historias de verdadero terror acerca de estos espacios operados por los cuerpos de seguridad para torturar, asesinar y desaparecer a quienes se oponían al régimen de gobierno único, así como a personas de la diversidad sexual.
Uno de ellos se encuentra en un edificio en la plaza Tlaxcoaque, a unas cuadras del Zócalo capitalino. Se trata de un inmueble que fue sede de la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPyT) y de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), que cometieron crímenes y violaciones a los derechos humanos durante al menos 30 años.
En octubre de 2022, la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó un proyecto para convertir Tlaxquaque en un sitio de memoria para recuperar los testimonios de las víctimas y avanzar en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Al mismo tiempo, se perfila como una nueva oportunidad para profundizar en nuestro conocimiento de la Guerra Sucia en todas sus dimensiones.
Así, toda la información relacionada con el caso es relevante. En el caso que nos ocupa, en el que una persona solicita copias de los vídeos e imágenes captadas durante la visita a los sótanos de Tlaxcoaque consideramos que su difusión no pone en riesgo la conducción de ninguna investigación al tratarse de evidencia documental que por su naturaleza no será modificada dentro de la investigación de que se trate y, por el contrario, proporciona evidencia sobre conductas documentadas consideradas como violatorias de Derechos Humanos.
Lo anterior cobra relevancia, pues si bien, el sujeto obligado mencionó que la investigación fue reabierta, no debe perderse de vista que, en el caso concreto se busca acceder a vídeos e imágenes, mismos que, aunque la investigación en el caso particular se continue no pueden ser modificados, es decir, se trata de expresiones documentales que se encuentran firmes y en consecuencia, este Instituto considera que es posible brindar acceso a dichos vídeos e imágenes
Robustece lo anterior el hecho de referir que, de una consulta a la recomendación 98VG/2023, misma que se emitió como consecuencia de las investigaciones realizadas en el expediente de queja que contiene la información hoy peticionada y de la cual es posible apreciar como parte de las consideraciones finales que, dicha recomendación refleja el resultado de la investigación exhaustiva de los hechos, bajo un enfoque de derechos humanos, mismo que representó un desafío histórico a nivel institucional en respuesta a las peticiones y justos reclamos de las víctimas del periodo comprendido entre 1965 a 1990.
Es decir, la recomendación de referencia establece como cierto el hecho que la investigación sobre los hechos a los que refiere ya concluyó, situación que abona al hecho de que, tanto los vídeos e imágenes de interés son susceptibles de proporcionarse.
Ahora bien, a través de comunicado DGDDH/215/2023, de fecha 22 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que derivado de las investigaciones realizadas se acreditó a un total de 814 víctimas y contiene 92 puntos recomendatorios dirigidos a 14 autoridades federales, relacionados con los derechos a la justicia, la verdad, la memoria, la reparación y la no repetición, de violaciones graves a derechos humanos a la libertad, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, al trato digno, por actos de detención ilegal, retención ilegal y actos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, así como al derecho a la verdad y al interés superior de la niñez, durante el periodo de violencia política del Estado entre 1965 y 1990. Además, diversas autoridades ya aceptaron las recomendaciones de la CNDH.
Cabe resaltar que, la recomendación en comento tiene como finalidad, no solo reconocer a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, sino también conminar a las autoridades a reparar el daño y evitar que los actos violatorios se repitan; además de darlos a conocer a la ciudadanía como hechos lamentables históricos de los que el Estado ha sido parte.
En consecuencia, considero que el otorgar acceso a la información de interés, abona al derecho a la verdad el cual, en palabras de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios de derechos humanos.
La postura del INAI es contundente y sin cortapisas, desempeñando sus facultades constitucionales: debemos proteger y garantizar que todas y todos ejerzan su derecho a la información pública que, en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, contribuye a avanzar en la búsqueda de la verdad y de la justicia, y así también a erradicar la impunidad, sin duda una realidad que lacera nuestras instituciones.
