Solicitud:
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó a la Secretaría de Bienestar los siguientes contenidos de información de enero de 2019 a septiembre de 2023:
- Cuántos municipios afectados por un fenómeno natural recibieron transferencias directas como parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural;
- Los nombres de los municipios por entidad federativa;
- La cantidad de recursos que se transfirieron a cada municipio, detallando el nombre del municipio y el monto destinado.
Asimismo, la persona solicitante aclaró que no se refiere a los recursos económicos entregados a las personas damnificadas para reparar sus viviendas, sino que busca conocer los recursos entregados a los municipios o alcaldías de forma directa.
Respuesta:
En respuesta, el sujeto obligado (la Secretaría de Bienestar) turnó la solicitud a la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo y a la Unidad de Vinculación Interinstitucional.
De esta manera, estas unidades proporcionaron una tabla con los apoyos entregados a algunos municipios del estado de Oaxaca, sin especificar ante qué emergencia natural ni cuándo se dieron dichas transferencias.
Recurso de revisión:
La persona solicitante, ahora recurrente, se agravió por la información incompleta, y reafirmó que requiere conocer todos los municipios beneficiados por el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, no solo de Oaxaca sino de todo el país.
Alegatos:
En los alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial.
Además, a través de la Unidad de Vinculación Interinstitucional, agregó que solo cuenta con información proporcionada por los 31 municipios de Oaxaca que fueron afectados por el huracán Agatha, debido a que dicha Unidad fungió como instancia ejecutora del Programa en cuestión hasta el ejercicio fiscal del 2022.
Análisis del caso:
Después de haber realizado el análisis correspondiente, la Ponencia a mi cargo determinó que el agravio de la persona recurrente es FUNDADO, pues la respuesta de la Secretaría de Bienestar carece de los principios de congruencia y exhaustividad.
Del análisis efectuado se observó que los propios Lineamientos de Operación de dicho Programa detallan que su objetivo principal es mitigar la situación de vulnerabilidad de las personas mexicanas y extranjeras afectadas por una emergencia (social o natural) que se localicen en territorio nacional y que el Programa tiene una cobertura en las 32 entidades federativas.
Asimismo, estos lineamientos son muy claros en que la Subsecretaría de Bienestar, la Unidad de Vinculación Interinstitucional y la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural pueden celebrar convenios, acuerdos de colaboración o formalización de acciones conjuntas con diferentes órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para la implementación del programa; y que la Dirección General de Padrones de Beneficiarios se encarga de integrar el Padrón de quienes recibieron el apoyo que ofrece el programa en cuestión.
Es decir, si bien las instancias encargadas de la ejecución del Programa de interés pueden cambiar año con año dependiendo del ejercicio fiscal, lo cierto es que existen otras unidades administrativas que no fueron consultadas. Por ello, el sujeto obligado no ofreció una respuesta debidamente fundada y motivada, lo que generó incertidumbre a la parte recurrente.
Propuesta de resolución:
Por lo anterior, la Ponencia a mi cargo propone MODIFICAR la respuesta emitida por la Secretaría de Bienestar e instruirle a efecto de que turne la solicitud a la totalidad de unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a:
- la Subsecretaría de Bienestar;
- la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural;
- la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios;
- la Unidad de Vinculación Interinstitucional;
- las Delegaciones de Programas para el Desarrollo;
- la Dirección General de Padrones;
- y la Dirección General para la Validación de Beneficiarios;
a efecto de que realicen una búsqueda congruente y exhaustiva de lo solicitado.
Mensaje:
Decidí exponer este proyecto porque nuestros paisanos en Guerrero siguen sufriendo los estragos del huracán “Otis”. Desde nuestras trincheras, todas y todos podemos colaborar para que su situación mejore lo más rápido posible. La transparencia jugará un rol importante en el camino a la normalidad.
El Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural fue creado en 2019, después de la extinción del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y funciona de 2 maneras principales: por medio de entregas directas a beneficiarios a través de censos, y por transferencias a los municipios para que estos destinen recursos a obras de infraestructura afectadas.
Como lo documentó recientemente el periodismo de investigación, damnificados de distintos estados del país acusan diversas irregularidades (desvío de recursos, nepotismo, conflicto de intereses, entre otros) en la implementación de este programa. En Puebla hay personas que fueron censadas tras el paso del huracán “Grace” en 2021 y que no recibieron los apoyos correspondientes. Por si fuera poco, la Secretaría de la Función Pública ha iniciado 69 investigaciones desde 2019 a la fecha por este Programa; sin embargo, no hay funcionarios sancionados al respecto.
El 26 de octubre, un día después del terrible impacto de Otis, la titular de la Secretaría de Bienestar informó la puesta en marcha de dicho Programa para el estado de Guerrero. La funcionaria declaró que mil Servidores de la Nación implementarán un censo de afectaciones a personas, viviendas, cosechas y comercios ocasionados por el huracán.
Bajo este mismo Programa, subdelegaciones de la Secretaría de Bienestar en distintos estados abrieron centros de acopio para recaudar víveres para las personas damnificadas de Guerrero. Incluso en julio de este año inició un censo para atender –con fondos de este Programa– las necesidades de los más de 500 locatarios que fueron afectados por el incendio del Mercado Central de Acapulco sucedido en junio.
El ejercicio de estos recursos públicos y sus reglas de operación deben ser transparentados para no dejar cabida a la opacidad. Solo para el ejercicio 2023, este Programa contó con una asignación de 845 millones de pesos, y ha sido destinado, por ejemplo, a municipios damnificados por el huracán Agatha que impactó Oaxaca en mayo de 2022, o en personas migrantes en estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz.
Como lo hemos expuesto reiteradamente en este Pleno, el derecho a saber no solo contribuye a exponer grandes casos de corrupción, sino que impacta positivamente en la vida de grupos vulnerables, pues acceder a información verificable y de calidad puede transformar vidas. Lo hemos visto, por ejemplo: cuando estudiantes se enteran de becas; cuando personas privadas de la libertad consiguen una defensa de su caso; cuando familiares de personas desaparecidas acceden a información clave sobre el paradero de sus seres queridos; cuando adultos mayores logran recibir sus pensiones…
Lo mismo sucede con personas que se vieron afectadas por fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, huracanes, entre otros. Ellas tienen todo el derecho a conocer las evaluaciones de impacto; los programas sociales de emergencia; la implementación de programas de protección civil; el otorgamiento de donativos; los planes de atención para personas desplazadas; la rehabilitación de caminos y carreteras, entre otras cuestiones cuya transparencia pueden hacer la diferencia. Esto también ocurre con los datos personales, pues ante fenómenos naturales muchas personas pierden sus documentos de identidad.
Desde el INAI, así como desde los organismos garantes locales, debemos redoblar esfuerzos y fomentar que se entregue toda la información sobre estas situaciones, ahora poniendo el foco en Guerrero. No olvidemos que, de acuerdo con la Fiscalía General del estado, el huracán ha dejado 48 personas fallecidas y 59 personas siguen desaparecidas. De igual manera, se calculan cerca de 1 millón y medio de personas damnificadas, así como miles de personas desplazadas y fuentes de empleo perdidas.
Al ser un tema de máximo interés público, como sociedad debemos darle seguimiento a lo sucedido en Guerrero para que exista una verdadera rendición de cuentas, primero para atender la crisis que sigue vigente, y luego para la reconstrucción. Olvidando las disputas partidistas y evitando la desinformación se puede lograr el objetivo.
En este sentido, cualquier ente instalado para la reconstrucción debe contar con mecanismos transparentes, así como canales de comunicación eficientes para que la información y los recursos lleguen a las personas damnificadas y se tomen decisiones informadas.
El tema requiere la mayor sensibilidad posible. Hoy necesitamos cooperación total, aportando la información que podamos para salir de la crisis y comenzar una reconstrucción.
Es cuanto.
