POSICIONAMIENTO NJRV RRA 19016/22 vs Diconsa sobre contratos
Diconsa debe informar sobre contratos de comedores industriales
Solicitud
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un particular solicitó a Diconsa diversos contenidos de información que detallo a continuación.
- Versión pública de cualquier instrumento jurídico que la dependencia haya celebrado con la empresa Gainmate Comedores Industriales, desde el 1 de enero de 2019 a la fecha de la solicitud, esto es, al 17 de octubre de este año.
- Anexo de cada uno de los contratos o convenios que contenga el instrumento jurídico.
- Los entregables que den cuenta de que los trabajos acordados se cumplieron, es decir, los comprobantes de que los bienes o servicios fueron entregados en tiempo y forma.
Respuesta
En respuesta, Diconsa informó que su Comité de Transparencia confirmó la reserva de la información por 5 años, por encontrarse contenida en una investigación de hechos que posiblemente constituyen un delito.
Agravio
La persona recurrente impugnó la clasificación de la información.
Alegatos
En vía de alegatos, Diconsa defendió la legalidad de su respuesta argumentando lo siguiente. Cito:
“Estamos salvaguardando la vida privada, la administración de justicia expedita e imparcial, la igualdad de las partes, la presunción de inocencia y la intimidad”.
En ese sentido, el sujeto obligado defendió que, conforme a la normatividad aplicable, los registros de investigación son estrictamente reservados y únicamente accesibles a las partes. Además, el sujeto obligado indicó que tiene la atribución de hacer uso de elementos de control interno que considere pertinentes en los procesos jurídicos que trate o tenga a su cargo, por lo que dar a conocer la información requerida podría, bajo su concepto “… hacer vulnerables las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y que fueron tramitados ante el Ministerio Público.”
Análisis
La ponencia a mi cargo determinó que, al ser facultad exclusiva del Ministerio Público de la Federación investigar delitos federales e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, no se actualiza la causal de reserva porque el sujeto obligado no tiene el carácter de autoridad ministerial en las carpetas de investigación.
Por otra parte, la persona recurrente solicitó obtener documentos relacionados con obligaciones de transparencia, esto es contratos e instrumentos jurídicos que se hubieran celebrado con una empresa determinada, en un periodo de tiempo específico, así como sus anexos y documentos que acrediten los entregables. En consecuencia, el agravio se considera FUNDADO.
Propuesta de resolución
Por lo anterior, esta ponencia propone REVOCAR la respuesta de Diconsa e instruirle proporcionar la versión pública de cualquier instrumento jurídico que haya celebrado con Gainmate Comedores Industriales, S.R.L., de C.V., desde el 1 de enero de 2019 al 17 de noviembre de 2022; el anexo de cada uno de los contratos o convenios que contenga el instrumento jurídico, así como los entregables que den cuenta de que los trabajos acordados se cumplieron, es decir, los comprobantes de que los bienes o servicios fueron entregados en tiempo y forma.
Mensaje
Ningún derecho es absoluto y basta ver que nuestro marco normativo en materia de transparencia prevé limitantes en la difusión de cierta información que, en caso de hacerse de conocimiento ciudadano, pueden representar un riesgo a la seguridad pública, a la seguridad nacional o a terceros. Sin embargo, las autoridades no pueden aludir a esta causal de reserva sin antes llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita fundamentar y motivar la negativa.
En el caso que nos ocupa, en el que un particular requirió diversos contenidos de información relacionados con contratos a Diconsa, la red de abasto social más grande del país que, junto con Liconsa, integran Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un órgano descentralizado cuyo objetivo es que el país alcance la autosuficiencia alimentaria.
El próximo 18 de enero, Segalmex cumplirá apenas sus primeros cuatro años de existencia y se encuentra inmersa en un pantano de posibles hechos de corrupción relacionados con el desvío de 9 mil 500 millones de pesos, por el que las autoridades investigan a 29 servidores públicos y 28 personas morales, de acuerdo con el director general, Leonel Cota Montaño.
En su corta vida, Segalmex ha estado bajo el escrutinio de autoridades fiscales y judiciales. Así, en julio 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación por diversas irregularidades, entre ellas compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones directas a empresas fantasmas, entre otras.
También la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para investigar y dar seguimiento a los presuntos actos de corrupción en dicha entidad. El 18 de agosto de 2022, presentó un informe que da cuenta de la existencia de 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, además de la realización de 84 actos de fiscalización desde la creación del organismo.
La dependencia destacó que alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, observados por la SFP y por la Auditoría Superior de la Federación, se encuentran en proceso de revisión, aclaración, documentación, o bien, en su caso, recuperación. Así mismo, aseguró que existen 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República en proceso de investigación relacionadas con el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, principalmente.
En vía de alegatos al recurso que nos ocupa, Diconsa manifestó que los contratos se encontraban reservados presumiendo que se hallan dentro de una carpeta de investigación ante el Ministerio Público Federal, facultad que corresponde a la Fiscalía General de la República, de conformidad con los artículos 21 y 102 de la Constitución. Es por ello por lo que no se actualiza la reserva: Diconsa no tiene el carácter de autoridad ministerial en las carpetas de investigación porque se trata de una facultad exclusiva de la Fiscalía.
Ahora bien, la solicitud formulada está encaminada a obtener los contratos e instrumentos jurídicos que el sujeto obligado hubiera celebrado con la empresa Gainmate Comedores Industriales, en un periodo de tiempo específico, así como los anexos y documentos que acrediten sus entregables.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, el apoderado legal de esta empresa es el mismo de otra llamada Carregin, empresa señalada como fantasma y que cuenta con denuncias ante la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero
De acuerdo con el estudio que se propone en el proyecto, tenemos que, por un lado, se trata de documentos generados de manera independiente a cualquier procedimiento de investigación o sanción de actos ilícitos, por lo que no pueden ser objeto de la reserva invocada por el sujeto obligado, pues no puede considerarse que su origen haya derivado de un procedimiento de investigación o persecución de algún delito. De tal manera que su difusión de ninguna manera resultaría en el entorpecimiento de investigación alguna.
Por el otro, las documentales relacionadas con contrataciones forman parte de las obligaciones de transparencia comunes a la que deben ceñirse los 8 mil 240 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, que no solo deben regirse por el principio de máxima publicidad, sino que también gozan de enorme interés por parte de la población, tanto que se trata de uno de los 10 buscadores temáticos desarrollados por la Dirección General de Tecnologías de la Información para facilitar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia a la población.
Además, es el segundo criterio de búsqueda con mayor número de consultas, después de salarios, desde su puesta en marcha: 1 millón 151 mil 549, al 19 de diciembre.
En el caso de Segalmex, organismo descentralizado del cual depende Diconsa, acumula 94 mil 278 resultados de registros en la Plataforma Nacional de Transparencia, de las que 92 mil 678 corresponden a información pública, mil 523 a solicitudes y 77 a quejas de respuestas. Cuando se trata específicamente de Diconsa, existen 3 mil 291 solicitudes y 116 quejas de respuestas.
Ante todo este escenario, la ponencia a mi cargo considera que hacer pública la información solicitada no actualiza la clasificación aludida y, por lo tanto, no debe validarse como información reservada. De ahí que solicito el apoyo de mis compañeros comisionados para revocar la respuesta de Diconsa y realizar la entrega de la información en medios electrónicos.
En caso de que las documentales cuenten con datos personales estrictamente confidenciales, el sujeto obligado deberá elaborar una versión pública que será verificada por este Instituto, previo a su entrega.
Debemos recordar que la transparencia en las contrataciones públicas es fundamental para cerrar el paso a la corrupción, al tiempo que permite a las autoridades demostrar que, en la adquisición de bienes y servicios, buscan obtener los mayores beneficios para la población, atendiendo criterios de eficiencia, calidad, integridad y precio, tal y como lo mandata la Constitución.
