Cada año, el presupuesto público destina recursos millonarios a programas sociales. La pregunta no es menor: ¿quién vigila que esos recursos lleguen realmente a quienes más los necesitan? Con padrones transparentes, resulta mucho más difícil desviar recursos, excluir arbitrariamente o utilizar los apoyos como moneda de cambio político.
La ciudadanía tiene derecho a saber quién recibe los apoyos del Estado, bajo qué criterios y con qué reglas, porque los programas sociales no son favores ni dádivas: son derechos reconocidos en la Constitución.
