En tiempos donde la información circula a velocidades inimaginables y la digitalización se ha convertido en el nuevo estándar de gestión documental, es importante recordar que los archivos digitales no son simples bases de datos: son memoria. Son, en muchos sentidos, el reflejo de lo que hemos sido, de lo que somos como país y, también, de cómo se ejerce el poder.
Los registros públicos contienen decisiones, acciones y omisiones de gobiernos e instituciones. Eliminar, alterar o hacer inaccesible esa información no es sólo una falla administrativa, sino una grave afrenta a la memoria colectiva.
Sobre esto escribo hoy en El Sol del Centro.
