A un año del dictamen que inició la desaparición del INAI, los efectos son recursos ciudadanos desechados e incertidumbre sobre quién regula los datos personales.
La extinción del INAI no fue un mero ajuste administrativo, como en su momento se quiso hacer ver. Tampoco significó únicamente el traslado de facultades a otros entes. Fue, en los hechos, la cancelación de un contrapeso ciudadano que, con todos sus pendientes, era capaz de ordenar a las instituciones entregar información pública y de sancionar el mal uso de los datos personales.
Sobre esto escribo en El Sol del Centro.
